Después del 7 de julio, cuando el gobierno y la derecha presentaron su acuerdo para la reforma tributaria, el ministro Eyzaguirre comenzó a preparar el terreno para replicarlo en su área, anunciando que se escucharía a los estudiantes pero que éstos no tendrían la última palabra y que el diálogo que proponía el gobierno sería “incidente pero no vinculante”. Pero el ministro se sobreactuó y terminó, en entrevista otorgada a El Mercurio, adelantando la idea de acotar la gratuidad a cuatro años, con lo que malogró, temporalmente, la maniobra.
La idea del gobierno es presentar algo que comunicacionalmente parezca gratuidad de la educación superior pero que en el fondo no lo sea. El senador Jaime Quintana lo reconoció en entrevista a La Segunda posterior a las declaraciones de Eyzaguirre, diciendo que lo primero era ponerse de acuerdo en la gratuidad como principio y luego examinar los “detalles” de la implementación, por ejemplo si se financian cuatro años o la carrera completa.
Los “diálogos participativos” ideados por el ministerio de Educación son un mecanismo para legitimar las reformas educacionales y evitar depender de la participación de los actores del movimiento por la educación para ello. A la vez, ellos son una herramienta concebida para o domesticar al movimiento estudiantil, sometiéndolo a una participación meramente decorativa, o a aislarlo, acusándolo de intransigencia si no participa.
Entre los secundarios, divididos y fragmentados desde hace muchos años, hubo opiniones encontradas. La CONES, dirigida por las JJCC y Revolución Democrática, resolvió participar; la ACES, en cambio, decidió restarse.
En los universitarios, la Confech, con mucha mayor conciencia del escenario y los riesgos que comportaban tanto la participación como la automarginación, decidió exigir garantías al ejecutivo para su participación: derogación del DFL 2 que impide la participación de estudiantes y funcionarios en los gobiernos universitarios, carácter vinculante de las discusiones, posibilidad de presentar documentos y proyectos alternativos a los del Ejecutivo y retiro de los proyectos de ley ya enviados.
Hasta el viernes 19 de julio, Eyzaguirre sólo había acogido la derogación del DFL 2. Había declarado explícitamente que la participación no iba a ser vinculante. Pero la entrevista al Mercurio y el terremoto político que provocó cambiaron la situación, dejando al ministro políticamente muy debilitado. La Confech aprovechó la ocasión y obtuvo otras dos garantías fundamentales de sus exigencias: el carácter vinculante de las discusiones y la posibilidad de presentar alternativas a los proyectos del ejecutivo.
De esta manera, fracasa la trampa del gobierno a los estudiantes, pues no logra domesticarlos con un diálogo intrascendente y los deja con un argumento importante para retirarse del diálogo cuando el ejecutivo revele por fin su agenda. Además, los estudiantes universitarios logran instalar una importante demanda democrática con la derogación del DFL 2, primer avance hacia la recuperación del cogobierno universitario.
La decisión del Confech se hace no sin fricciones internas, pero los resultados justifican el proceder de la organización, ya que los universitarios salen bien parados en comparación con los secundarios, que no han logrado avanzar en sus demandas y enfrentan divididos al gobierno, entre el gobiernismo de la CONES y la incapacidad de la ACES de ir más allá de la retórica de la intransigencia.
Lo fundamental es que los estudiantes mantengan la presión en las calles como eje de su accionar, conserven el apoyo de la mayoría popular y sean capaces de sumar a otros sectores, partiendo por los trabajadores, a sus demandas. Esas son las condiciones para poder disputar con éxito al gobierno cuando por fin devele sus cartas y sea necesario pasar a formas más radicales de lucha para conquistar el derecho a la educación.
Iván Vitta
