El 7 de julio, fecha en
que se anuncia el acuerdo entre el gobierno y senadores de la Alianza y de
gobierno por la reforma tributaria, constituye el punto de inflexión en la
trayectoria gatopardista de la Concertación/Nueva Mayoría. A partir de ese
momento, terminan las comedias y los bailes de disfraces y sale a la superficie
el verdadero proyecto de Bachelet y sus disciplinados ministros.
Se dice que una de las
motivaciones del gobierno para llegar a este acuerdo fue evitar los costos políticos
de la desaceleración económica. Si bien la desaceleración es real, y más
profunda de lo que anticiparon los analistas, y también es cierto que la
Alianza y los grandes medios de comunicación monopólicos habían logrado
posicionar la asociación entre esta desaceleración económica y la reforma
tributaria, este no es un factor causante del giro, sino sólo acelerador, un catalizador
de una cambio de orientación discursiva que se iba a producir tarde o temprano,
dados los compromisos y lazos del personal político de gobierno con los grandes
empresarios.
Este acuerdo revela el pensamiento
íntimo de Bachelet. No debemos olvidar que el año pasado la entonces candidata,
recién llegada a Chile, intentó fijar su posición respecto de la educación
gratuita señalando que no estaba de acuerdo con la gratuidad, porque le parecía
injusto que quienes tenían recursos suficientes para pagar no lo hiciera. Al
día siguiente, una gigantesca marcha estudiantil exigiendo gratuidad la
convenció de que la oposición frontal a la gratuidad no era una buena táctica
electoral. A partir de ese momento se produce el giro discursivo que la llevará
a asumir, de forma ambigua, las “demandas de la calle”, que sería en adelante
el relato oficial de la campaña y el gobierno.
Hasta que el 7 de Julio
se sinceran las cosas.
Como han advertido varios
analistas, la reforma tributaria queda completamente desnaturalizada con los
cambios introducidos, estimando algunos que no sólo no va a recaudar los 8.200
millones de dólares que constituyen el objetivo, sino incluso podría significar
un retroceso respecto de la actual recaudación, al abrirse nuevas puertas a la
evasión.
Pocos días tras el
acuerdo tributario, el ministro de educación, Nicolás Eyzaguirre, anunció que
no iba a escuchar “a la calle” para las reformas en educación. El jueves 17, en
entrevista a La Segunda, reconoció además que el complejo mecanismo de
“participación” pergeñado por su cartera iba a aceptar sólo aquellas propuestas
que coincidieran con el programa de gobierno, dejando automáticamente fuera los
petitorios estudiantiles.
El acuerdo tributario
reveló que existen dos sectores en la Nueva Mayoría, los chefs y los “pinches
de cocina”, como expresó brutalmente el senador Andrés Zaldívar. Unos son el
viejo “partido del orden”, que tienen derecho a participar en la “cocina” de
las leyes y reformas. El resto son ayudantes que ayudan a ganar elecciones,
pero cuya opinión no pesa para las grandes reformas.
En los hechos, quedó
definitivamente claro que no existe una coalición de gobierno, sino sólo lo que
fue una coalición electoral, cuya opinión tiene un peso marginal en las
decisiones de La Moneda. La autonomía del ejecutivo y de los parlamentarios
respecto de los partidos les permite un amplio margen de maniobra. Es este
margen el que ha permitido terminar de reacomodar el bloque político dominante
a la nueva correlación de fuerzas pos elecciones, usando los canales informales
de la política.
Iván Vitta
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