La “nacionalización mentirosa” de YPF: del neoliberalismo al neodesarrollismo

El 16 de abril pasado la presidenta peronista de Argentina, Cristina Fernández, anunció que el Estado trasandino iba a tomar el control accionario de la petrolera YPF. La medida no forma parte de una estrategia de recuperación de activos públicos privatizados por el gobierno peronista de Carlos Menem, ni de enfrentamiento con la penetración del capital extranjero en Argentina (particularmente intenso en la minería, en el noroccidente del país). Se trata de un ajuste de política económica destinado a evitar que el congelamiento de las inversiones de Repsol YPF socavara el apoyo popular a su gobierno y las bases del proyecto de “capitalismo nacional” que impulsa el peronismo.

La ley N° 26.741, con la que finalmente el congreso argentino aprobó para dar curso a la “nacionalización”, que en realidad es sólo la toma de control accionario mayoritario de la empresa, deja abierta la posibilidad de concesionar la explotación de YPF a una compañía internacional que esté en mejor situación financiera que Repsol, afectada seriamente por la crisis en España y las necesidades de caja de su casa matriz.

La figura no es nueva. Bolivia, tras nacionalizar el 100% de la propiedad de sus hidrocarburos, entregó la explotación de éstos a grandes empresas energéticas extranjeras, especialmente brasileñas y argentinas, las que enviaron toda la producción a sus países para ser procesada. Como resultado de ello, Bolivia debe importar la gasolina que consume, a un precio más alto que el precio interno que usualmente se pagaba en el país. En diciembre de 2010, el gobierno boliviano aplicó un alza de más de un 70% del precio de la gasolina para corregir el déficit fiscal que estaba provocando provocando este diferencial de precios. Llamado por el pueblo boliviano el “gasolinazo”, hizo estallar una gigantesca protesta contra la medida.

En su variante más ortodoxa, la figura de concesionar la explotación de un recurso natural es también la que utilizó el presidente chileno Sebastián Piñera en su Decreto Ley de febrero de este año para las concesiones de explotación del litio del norte chileno.

No se trata pues, de una auténtica “nacionalización”, tal como la entendemos los chilenos desde la nacionalización del cobre por el gobierno de la Unidad Popular. En las nacionalizaciones clásicas ocurridas en América Latina, el Estado asumía la propiedad y la explotación de las empresas, buscando de esta manera retener valor agregado en el propio país para generar impactos positivos en la economía nacional.

En el caso de estas “nacionalizaciones mentirosas”, los Estados buscan retener sólo la propiedad y sólo como medio para incidir en forma más directa en las decisiones de la explotación entregada al capital extranjero, especialmente de las multinacionales. El carácter leonino de los contratos de explotación sigue asegurando al capital transnacional la mejor tajada, pero con la presencia del Estado como accionista mayoritario o único de la propiedad.

En el caso argentino, la medida fue acompañada de una fuerte campaña patriotera que la presentó como si fuera una gran acción antiimperialista, campaña montada por el aparataje de propaganda del kirchnerismo, la fracción mayoritaria del peronismo. En Chile, hubo de parte de la mayoría de la izquierda una adhesión acrítica y –diríamos– casi pavloviana a la medida. Sin analizar mayormente la cuestión –y si la falta de noticias claras al inicio fue un obstáculo, no lo eran los antecedentes políticos del proyecto “nacional” kirchnerista– pesó en la recepción política de la toma de control de YPF un cierto “estatalismo” inconciente y no asumido. Algunos analistas incluso prefirieron guiarse más por el enojo –esperable– de los sectores neoliberales chilenos más ortodoxos que por el contenido real de la medida llevada a cabo por el gobierno de Cristina Fernández.

Sobre el poco disimulado y no asumido estatalismo de la izquierda chilena, en el fondo se acepta sin cuestionamiento el prejuicio ideológico burgués fundamental de que el Estado es el representante de toda la sociedad. En algunos autores, como Manuel Riesco, ese apego al Estado alcanza características de verdadera apología, la que va acompañada también de piruetas teóricas como la de caracterizar a la burguesía chilena como "rentista" y hacer una apología schumpeteriana de los "buenos capitalistas".

Lo que en Riesco es comprensible por su filiación ideológica socialdemócrata, resulta incomprensible en los militantes anticapitalistas, de los que uno no espera adopten ese enfoque acrítico sobre el Estado. Pareciera haber cierta colonización ideológica desde el neoliberalismo, que es la matriz ideológica que plantea la dicotomía mercado-Estado, ante lo cual se piensa que lo correcto es ponerse automáticamente del lado del Estado.

Se ignoran así los innumerables ejemplos desde el estallido de la crisis del 2008 que nos muestran que la burguesía mundial recurre si es necesario al Estado como instrumento para el salvataje de los negocios y las ganancias o para acotar y ojalá socializar las pérdidas, como lo testimonian los gigantescos y millonarios rescates a los bancos y empresas en riesgo. No olvidemos que la propia dictadura pinochetista intervino los bancos en 1982 para evitar el colapso del sistema financiero chileno durante la gran crisis de inicios de los 80.

La crisis mundial ha abierto una coyuntura en la que la burguesía asume la necesidad de que el Estado juegue un rol más activo que aquél al que lo relegaron en los decenios anteriores. Lo que importa al final del día son las ganancias y no la ortodoxia. Lo único que no se cuestionará serán las posiciones ya conquistadas por el capital transnacional.

El neoliberalismo no es una fase del desarrollo del capitalismo, sino un programa político, económico y social, que constituyó la conciencia teórica de la gran ofensiva del capitalismo transnacionalizado desde fines de los años 70. El contenido de la fase actual del capitalismo es precisamente ese carácter transnacional de la economía capitalista.

La crisis económica abierta el año 2008 es una crisis de la fase, de la base material del capitalismo contemporáneo, no sólo una crisis del programa neoliberal. Es este carácter de crisis de los propios fundamentos del sistema capitalista el que está obligando a las distintas fracciones de la burguesía mundial a buscar remedios. Para ello se apartarán incluso de la ortodoxia neoliberal si es necesario. Esto tomará la forma de relevos políticos al interior de la burguesía, ya sea como alternancia dentro del duopolio tradicional (es lo que vemos en el caso de Francia) o como un nuevo proyecto de inserción en el capitalismo transnacional. Es el caso de Argentina y su proyecto de “capitalismo nacional”, que ha sido caracterizado por los pensadores críticos del continente como “neodesarrollismo”.

Los contornos políticos de este neodesarrollismo quedan bien ilustrados por las “nacionalizaciones mentirosas”: no se altera el sometimiento al capital transnacional, pero se busca cambiar las condiciones más onerosas de subordinación para otorgarle a la burguesía criolla – sometida y nunca opositora de ese capital transnacional – más herramientas políticas, en especial en materia de política social, para reconstruir el consenso interno.

¿Puede tener algún impacto el neodesarrollismo en Chile? Al respecto, no debemos olvidarnos de la diferencia en los tiempos históricos en que se produjo la nueva articulación con el capitalismo transnacionalizado, vía imposición del programa neoliberal. En Chile, el neoliberalismo empieza a imponerse a fines de los años 70, como parte del proyecto refundacional de la dictadura. En Argentina, el programa neoliberal es llevado adelante por Carlos Saúl Menem en los años 90, con el apoyo entusiasta, entre otros, del gobernador peronista de Santa Cruz, Néstor Kirchner, y su esposa Cristina Fernández. El corralito y el estallido popular argentino del año 2001 ya ocurrieron en Chile 20 años antes. Ya tuvimos un cambio de proyecto político destinado a legitimar el capitalismo con los gobiernos concertacionistas, de los cuales el kirchnerismo es, más o menos, un equivalente funcional. Algo similar puede decirse de los gobiernos del PT en Brasil y del Frente Amplio en Uruguay.

No hay que olvidar tampoco las diferencias en los niveles de profundidad de las reformas neoliberales, que en Chile fue quizá el mayor de todo el planeta. No es el caso de Argentina, donde pese a las privatizaciones el Estado, federal, siempre conservó un peso mucho mayor. Sólo como ejemplo, las grandes universidades públicas nunca dejaron de ser gratuitas.

Un proyecto político alternativo en Chile no puede venir de la vertiente neodesarrollista, ni de un fantasmal y ambiguo “gobierno de nuevo tipo”, sencillamente porque las fuerzas políticas y sociales que están detrás de la Concertación 2.0 no tienen como conjunto la voluntad de enfrentarse al capital trasnacional; tampoco existen los espacios estructurales para ajustes neodesarrollistas.

La verdadera alternativa sólo puede provenir de un bloque político y social que reúna a los trabajadores y al conjunto del pueblo para avanzar con la voluntad política de enfrentarse al gran capital transnacional y a sus socios locales. Sólo tal bloque puede tener la disposición política para renacionalizar las riquezas naturales en una nacionalización de verdad, no una farsa como la de Cristina Fernández; tener la voluntad de desmantelar la mercantilización absoluta de la vida de los chilenos, proponiéndose entregar salud, educación y otros servicios esenciales de forma gratuita, financiados en forma solidaria por el conjunto del país; impulsar el restablecimiento del derecho a huelga para todos los trabajadores, sin importar el tipo de relaciones juridicas que tengan con el capital; generar una nueva institucionalidad por la vía de una Asamblea Constituyente impuesta por la fuerza de la lucha popular.

I. Vitta