En los próximos días va a conocerse el fallo del Tribunal Internacional de La Haya sobre el diferendo de límites marítimos entre Chile y Perú. Más allá de los pormenores del resultado, este episodio –al que debemos agregar el anuncio de Bolivia de recurrir al mismo tribunal para exigir solución al enclaustramiento marítimo que sufre desde hace más de un siglo– constituye un serio revés de la política exterior chilena.
Desde el retorno de los gobiernos civiles en 1990, la diplomacia chilena se ha caracterizado por un desprecio olímpico por los asuntos de América Latina, a la que, en un gesto de enorme soberbia y prepotencia, se motejaba de “mal vecindario”, mientras en paralelo se calificaba a nuestro propio país de “alumno aplicado” (del consenso de Washington y las recetas neoliberales, se sobreentiende).
Desde 1990, la política exterior chilena ha sido una política de mercachifles y tenderos que salen a buscar mercados para sus uvas, manzanas y berries. Por lejos, la principal preocupación de la diplomacia chilena la constituyó la búsqueda de acuerdos comerciales que abrieran los mercados de ultramar para los bienes primarios que forman nuestra canasta exportadora. En la medida que los principales objetivos eran EEUU, la Unión Europea y los mercados asiáticos, la prioridad comercial resultó en una muy baja prioridad diplomática para América Latina.
Como contrapartida, una de las principales señales políticas de Chile hacia América Latina ha sido su desorbitado gasto militar, el tercero de Sudamérica tras Brasil y Colombia.
A este cóctel de soberbia, desinterés hacia la región y lo que es percibido como una carrera armamentista, se agrega además el desprecio hacia demandas políticas de los países fronterizos, ante las cuales nuestro país se ha refugiado en una postura puramente jurídica, eludiendo los debates de fondo.
Esta actitud de la diplomacia chilena no es el fruto de tales o cuales características personales de quienes han estado a cargo de las relaciones exteriores con América Latina. La política exterior chilena es la prolongación en el espacio internacional de los objetivos políticos internos del bloque dominante, que a su vez están determinados por el patrón de acumulación capitalista primario-exportador instaurado por la dictadura y profundizado por los gobiernos civiles.
Durante la dictadura esta política exterior no tuvo ocasión de manifestarse, pues las prioridades de los cancilleres de la tiranía estaban en enfrentar el aislamiento internacional del régimen pinochetista. Al asumir los gobiernos civiles de la Concertación, despejada la variable de estabilidad y legitimidad institucional del gobierno chileno del escenario internacional, comenzó a aplicarse la política centrada en abrir mercados y atraer inversión extranjera, acompaña de las muestras de soberbia y prepotencia mencionadas, que corrían en paralelo al sometimiento a los dictados de los centros financieros internacionales.
La participación reciente de Chile en espacios de integración regional, como UNASUR o el CELAC, es muy insuficiente, porque carece de convicción profunda; ha estado marcada más por la necesidad de hacer frente y plantear alternativas al “populismo” –los proyectos políticos antiimperialistas del subcontinente– que por objetivos de largo plazo.
El Perú, que desde mediados de los años 90 empezó un proceso acelerado de asimilación de las recetas neoliberales, ya a mediados de la década pasada alcanzó tasas de crecimiento que superaron a las de Chile. Se transformó en competidor directo de nuestro país como exportador y como plataforma para atraer inversión extranjera. Una cuota importante de dichas inversiones corresponde a empresas chilenas, como LAN o Falabella, que han sido atraídas por el dinamismo de la economía peruana. Es en este contexto que la burguesía del Perú ha venido desarrollando una activa política exterior.
Por lo tanto, la demanda peruana no está motivada por el revanchismo ni el resentimiento, como caricaturiza la prensa chilena, sino por intereses políticos y económicos que se unen con y resignifican los recuerdos de la Guerra del Salitre. Es parte de la competencia económica entre las burguesías chilena y peruana por atraer el favor del capital transnacional.
Una política de integración regional soberana sólo puede nacer de un modelo de desarrollo y de fuerzas sociales distintas a las que hoy dominan en el país. Es necesario dejar atrás el capitalismo neoliberal y retomar la senda de soberanía nacional interrumpida en 1973, comenzando con la recuperación de los recursos naturales y los sectores económicos estratégicos, con el protagonismo de los trabajadores y los pueblos de Chile.
Se trata en definitiva de pasar del enfrentamiento entre pueblos hermanos al enfrentamiento conjunto con el verdadero enemigo, el imperialismo y sus aliados, las burguesías locales. En ese camino, los pueblos de Chile y Perú marcharemos unidos.
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