Las elecciones de rector en la U. de Chile y los desafíos de las fuerzas de cambio

Comparto con ustedes esta muy buena columna del compañero Fernando Encina, delegado de postgrado de la FECH, sobre las elecciones de rector de la Universidad de Chile.

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El escenario de movilización social abierto durante los últimos años en Chile, aquel que hubo de gestarse durante la primera década del milenio y que comienza definitivamente a nacer con la potencia de las calles en el 2011, dio inicio y lugar a importantes discusiones al interior de las fuerzas políticas de la izquierda transformadora. El programa antineoliberal construido al calor de las más importantes movilizaciones de las últimas décadas, ha puesto a las fuerzas de cambio en una importante situación de proyección política, trayendo consigo mayores responsabilidades y la necesidad imperiosa de aprender aceleradamente a abrir camino, ya no sólo en el plano de las palabras sino que en el de la realidad misma.

Esta necesidad se ha hecho mucho más palpable a propósito de los últimos procesos de disputa electoral librados tanto hacia los órganos de Estado, como en el seno de los espacios organizativos autónomos de la sociedad civil. Luego de varios aprendizajes, hoy nuevamente los sectores que promovemos cambios estructurales para el sistema educacional y la sociedad en su conjunto deberemos enfrentar un proceso político-electoral de gran importancia, sobre el cual resulta ineludible debatir y desarrollar proyecciones: se trata de las elecciones de Rector y autoridades universitarias a realizarse durante el mes de mayo en la Universidad de Chile, institución cuya gravitación social y política en la sociedad chilena constituye un hecho indiscutido, dado su lugar histórico en el despliegue de los procesos sociales emancipadores, así como en su capacidad contingente de marcar pauta y posiciones en lo que respecta a la política de Estado, hoy particularmente tensionada.

Los contenidos de nuestra apuesta se presentan ya suficientemente esclarecidos. La construcción de un gobierno triestamental y democratizado en todos sus niveles, que impulse transformaciones profundas en el sistema de acceso a la educación superior, en las definiciones y orientaciones para la producción y extensión del conocimiento, y que instituya condiciones laborales dignas para los trabajadores académicos y no académicos del espacio universitario, son objetivos posibles de alcanzar en la medida que éstos primen a la hora de organizar a las fuerzas transformadoras para hacer frente y lograr los mayores pasos de avance en este momento político.

Ahora bien, lo que otorga mayor relevancia a la coyuntura política y electoral de la Casa de Bello se ubica por sobre todo en el plano de la disputa por el contenido de la reforma educacional impulsada inicialmente por los movimientos sociales y hoy tramitada de diversas maneras y con distintas intensiones por los sectores políticos del statu quo, con énfasis en el gobierno entrante de la Nueva Mayoría. El carácter difuso de su programa educacional y la ausencia de un diseño para el inicio de su implementación es probablemente la primera escena de un camino que ha de abrir álgidos procesos de conflicto a los cuales las fuerzas transformadoras hemos de llegar con las más robustas y pulidas herramientas.

Resulta fundamental contar con una voz clara y rotunda, investida por la potencia histórica de la Universidad de Chile y que incida con fuerza en los escenarios venideros. Una que ingrese al campo de disputa proponiendo claridades profundas sobre la apuesta de transformaciones estructurales masivamente anheladas e impulsadas, y que haga frente a los engañosos planteamientos que hoy entran a escena de la mano del nuevo gobierno con su torcida propuesta relativa al estatuto de “lo público”[1]. Nuestra voz ha de sostener y profundizar la caracterización que el movimiento estudiantil ha comenzado a plantear en el debate, a saber, que el rol del Estado no es el de sostener el financiamiento a los proyectos educativos privados, sino el de fortalecer y extender un sistema de educación estatal, gratuito, universal  y de calidad en todos sus niveles, cuyo financiamiento debe estar contemplado en el presupuesto de la nación para cubrir sus requerimientos a través de fondos de libre disposición, es decir, a ser administrados autónomamente por las comunidades de las instituciones estatales receptoras.

A todas luces, el momento político resuena con altas exigencias para la izquierda transformadora, y en la Universidad de Chile deberemos estar a la altura de las circunstancias. Actualmente el proceso electoral cuenta con dos candidaturas a Rector que coinciden en la defensa de los aspectos programáticos aquí explicitados y que se posicionan a favor de los intereses y demandas levantadas por los movimientos sociales. Se trata de los profesores Ennio Vivaldi y Gonzalo Díaz, ambos importantes figuras políticas y académicas del espacio universitario, que cuentan con grandes aptitudes para encabezar un esfuerzo colectivo y unitario con reales posibilidades de disputa electoral. Nuestra tarea: concitar la unidad de los agrupamientos que cada precandidatura ha construido y levantar desde allí un programa y una candidatura única, mancomunando esfuerzos que hoy corren el peligro de verse enfrentados y compitiendo por la adhesión electoral académica, reeditando la dinámica de dispersión e impotencia que últimamente ha caracterizado los esfuerzos de la izquierda y echado por tierra la posibilidad de posicionar una alternativa que facilite los procesos de lucha social y política durante los próximos años. Una participación disgregada en esta coyuntura pudiese además significar el ascenso al gobierno universitario de fuerzas realmente perjudiciales, tanto para los procesos internos de la institución como ante los posicionamientos públicos que durante los próximos cuatro años determinarán en gran medida los esperados avances o potenciales retrocesos de las fuerzas sociales transformadoras.

Nuestra claridad ha de estar en anteponer los objetivos políticos comunes y actualmente alcanzables a cualquier otro criterio ordenador del proceso de disputa político y electoral en curso. Hasta ahora los espacios de elaboración programática y el levantamiento general de las campañas de las candidaturas en cuestión han transitado por distintos y distantes caminos, situación que disminuye cada día las posibilidades reales de convergencia. Tenemos poco tiempo para resolver esta delicada situación, por lo que sentarnos a dialogar, levantar juntos un único y definitorio proceso de construcción programática y, paralelamente, acordar la mejor forma mediante la cual se ha de resolver la candidatura única y definitiva del sector, son tareas urgentes y para las cuales se requiere el concurso de los esfuerzos de la mayor cantidad de actores de la comunidad universitaria.

El gabinete gatopardista de Bachelet

Iván Vitta

La designación del gabinete de Bachelet y de los próximos intendentes generó todo tipo de controversias, centradas en los problemas de probidad y conflictos de interés de los designados. Menos atención se puso en la orientación política que estas designaciones representan en términos de proyecto, fuerzas políticas y fuerzas sociales de apoyo.

En primer lugar, el proyecto que traslucen las designaciones es claramente social-liberal, la variante “progresista” del neoliberalismo. Ello se expresa con nitidez en los nombramientos en los ministerios sectoriales, en especial en aquél que está hoy día en el centro de las demandas político-sociales, Educación. Nicolás Eyzaguirre es un tecnócrata neoliberal que fue director del FMI, instrumento mundial del sometimiento de las economías periféricas a los dictados del Consenso de Washington.

La designación de Claudia Peirano como Subsecretaria de la cartera, quien finalmente renunció, no fue, como se ha indicado, un “error”. Por el contrario, expresaba la voluntad de Bachelet de poner a connotados agentes políticos del modelo educacional mercantil a controlar y darles forma a los cambios que se busca introducir en educación.

Los nombramientos de Eyzaguirre y Peirano fueron una señal política clara de continuismo orientada hacia la extensa burguesía educacional que se ha formado en los últimos treinta años al calor del modelo mercantil.

Las políticas educativas de la Concertación tuvieron como objetivo, durante veinte años, desarrollar el capitalismo educacional, inyectándole cuantiosos fondos públicos por decenas de miles de millones de dólares y desarrollándole un mercado por el expediente de abandonar la educación pública a la suerte de los municipios que la sostenían, en el caso de primaria y secundaria, o del autofinanciamiento, en la educación superior. El debilitamiento de la educación pública no fue un efecto colateral no deseado; por el contrario, era una condición necesaria para el desarrollo de dicho capitalismo educacional.

A esa burguesía, representada a nivel político, dentro de la Nueva Mayoría, principalmente por la Democracia Cristiana, estuvieron orientados los nombramientos, garantizando que ningún cambio afectará sus intereses. Es por ello que Bachelet, a pesar de la reticencia de la propia Claudia Peirano, que le advirtió de su situación personal, insistió en el nombramiento.

Estas señales en el sector educación se repitieron en todo el gabinete, al que se incorporaron cuadros provenientes de grandes empresas mineras, energéticas y de otros sectores económicos. El mensaje político es claro: la Nueva Mayoría sigue alineada con los intereses económicos del gran empresariado nacional y transnacional.

En segundo término, el gabinete refleja el intento de Bachelet de consolidar su poder personal rodeándose de un grupo de personeros –con pocas excepciones– de bajo perfil partidario y alta cercanía y lealtad personal con ella, consolidando al “bacheletismo” como partido transversal de la Nueva Mayoría y alejándose claramente de los liderazgos concertacionistas tradicionales, apoyada en una camada más reciente de cuadros concertacionistas, de un perfil más técnico y desideologizado. Con un amplio capital político, Bachelet apuesta por una mayor autonomía política respecto de los partidos de la NM, estableciendo un nuevo equilibrio con ellos, en el que será ella quien intentará llevar las riendas para darle credibilidad y coherencia a sus reformas.

En tercer lugar, los nombramientos muestran que no todos los partidos de la NM tienen el mismo peso político en el nuevo gobierno. La DC, el PS y el PPD continuarán siendo el eje político. Los partidos menores (PC, MAS, IC y PRSD) tendrán una presencia muy menguada en el gabinete y estarán ausentes de las intendencias. En la práctica, se ha reafirmado el carácter de la NM, siguiendo los deseos de la DC, como coalición programática y no una de carácter político. Por lo tanto, la Concertación sigue operando como alianza política de facto.

El rol secundario del resto de las fuerzas de la NM –la mesa del pellejo– quedó de manifiesto cuando DC, PS y PPD salieron a pedir explicaciones al PC por las críticas de sus diputados a las designaciones, obligando a Teillier a desautorizar a sus militantes.

En conclusión, tanto el proyecto como las fuerzas de apoyo del próximo gobierno, expresados en las designaciones, apuntan a una mezcla de continuidad de las políticas neoliberales junto con cambios acotados y dentro de la lógica del mismo modelo, no en ruptura con él, los que en ningún caso alterarán la esencia del capitalismo neoliberal. Los cambios de Bachelet no estarán a la altura de las necesidades de los trabajadores y el pueblo de Chile.

El desafío para las fuerzas populares será por tanto doblarle la mano al gatopardismo bacheletista y abrirle paso a transformaciones radicales del modelo por medio de la lucha.

A Gabriel Boric sobre Venezuela. Una respuesta necesaria

Carla Amtmann

Iván Vitta

El día 12 de febrero del presente mes, la oposición de derecha en Venezuela desplegó sus fuerzas para avanzar con el objetivo asumido desde el momento mismo en que Hugo Chávez Frías llega al poder en 1999: derrocar al gobierno bolivariano sea cual sea la forma que haya que utilizar para ello.

Lo acontecido es transmitido por la prensa internacional hegemónica de manera distorsionada –ninguna novedad si recordamos la complicidad de los medios en el golpe de estado del año 2002– y, sobretodo, poniendo el énfasis en las acciones de violencia, que  efectivamente se desataron en los centros más importantes del país,  haciendo eco a los llamados de rebelión que los líderes de la oposición como Leopoldo López, Maria Corina Machado y Antonio Ledezma han impulsado.

Tras el golpe del año 2002, que se logró revertir gracias el gran esfuerzo de las fuerzas populares y despliegue de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, el imperialismo y la derecha venezolana han buscado diversas estrategias apostando en este último periodo a la vía electoral –pese a que en un momento previo habían negado incluso reconocer la Constitución y participar en elecciones parlamentarias-.

Este año, después de tener unos resultados estrechos en las elecciones presidenciales –aunque menos estrechos que las diferencias de votos obtenidas incluso en algunas elecciones aquí en Chile como entre Ricardo Lagos y Joaquín Lavín- la oposición ha desplegado un guion permanente de hostigamiento y boicot económico desconociendo el triunfo de Nicolás Maduro. Si bien hay diferencias en el plan a seguir –derrocamiento, triunfo en referéndum o próximas elecciones- lo claro es que la derecha ha de velar por la generación de caos y descontrol  ya que restar respaldo popular al gobierno es un requisito previo para cualquiera  sea la táctica. 

Las respuestas de los distintos países del mundo ante esta nueva intentona sediciosa y desestabilizadora no se hicieron esperar. Ecuador, Bolivia, Cuba, Argentina y Uruguay encabezaron los apoyos al gobierno bolivariano, enfatizando en la responsabilidad de la oposición en las acciones de violencia y hostigamiento hacia el gobierno democrático.

En Chile, las fuerzas se han manifestado en base a sus diversos principios ideológicos y políticos. La UDI y la DC se han alineado, como era de esperar en coherencia a su común pasado golpista, con la oposición venezolana. Las fuerzas pro-bolivarianas han solidarizado con el gobierno electo democráticamente. Así ninguna de estas posturas nos sorprendió; en cambio sí lo hizo, cuando apareció, la declaración del diputado electo Gabriel Boric.

Gabriel, ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, es quien hoy se levanta como uno de los pocos que desde el parlamento defenderá las verdaderas demandas del movimiento estudiantil.

Militante de Izquierda Autónoma, agrupación que define al marxismo como parte de su matriz teórica analítica, y entre sus textos predilectos dicen encontrar a Lenin y Gramsci; frente a la actual coyuntura, ha realizado una serie de desafortunados e imprecisos comentarios, que revelan en el futuro diputado y en su colectividad en general, no solo confusiones y vacíos sino que abiertas contradicciones.

Creemos que estas declaraciones de Boric no pueden dejarse pasar sin más, y que a su vez debemos contribuir a sacarlas del debate chico que las redes sociales imponen, que solo hace que se caigan en generalizaciones que en nada ayudan a la construcción de la izquierda chilena.

Y es cierto que ante la inmensa ola de solidaridad y férreo compromiso que la izquierda latinoamericana ha mostrado en estos últimos días – la que Boric ha calificado de “obsecuente”– sus palabras son verdaderamente insignificantes. Sin embargo sus dichos, reflejo de un posicionamiento ambiguo, nos interesan pues se articulan hoy en el contexto del necesario debate que como izquierda debemos impulsar en Chile, para enfrentar la necesaria e histórica tarea de construir un nuevo proyecto y fuerza político social de izquierda para conquistar el Chile del mañana.

Precisamente es en momentos como estos donde se puede ver con mayor claridad la izquierda que queremos construir y el proyecto que buscamos levantar para nuestro país. En momentos de crisis se aclaran las aguas y se despejan las verdaderas posiciones, abriéndose debates necesarios que debemos enfrentar de manera crítica, fraterna y con mirada de futuro.

Por tanto, ésta respuesta no está solo dirigida a Gabriel ni impulsado por sus dichos parcelados, sino que viene a responder a los principios ideológicos y políticos que sustentan sus dichos y que consideramos en nada beneficiosos a la hora de plantearnos la construcción de un verdadero proyecto anticapitalista para América Latina.

Para las generaciones que estamos llamados a proyectar en el futuro los cambios en Chile y América Latina,  la revolución bolivariana es el primer proceso que vivimos conscientemente desde su gestación y hemos seguido hasta el día de hoy. Marca nuestra historia latinoamericana, nos enseña diversas lecciones de lo que hay que hacer como también de lo que hay que evitar realizar,  y por tanto también lo que sea que queramos o no pensar para Chile. Es importante y vale la pena entonces detenerse en ello.

Vamos por parte.

Gabriel ha señalado tres comentarios sobre la coyuntura política especial que se vive hoy en Venezuela.

Lo primero que plantea es que “La izquierda latinoamericana no puede permanecer impávida, obsecuente, y acusando de fascista o traidor a todo quien critique al gobierno de Maduro. Es un hecho que en Venezuela hay problemas (de distintas índoles y por diversas causas), y la irreflexividad solo atonta e impide aprender para avanzar”.

Ya partimos confundidos. ¿A qué críticas se refiere? Siendo una declaración al día siguiente del inicio de las protestas, se puede suponer que se refiere a las críticas que enarbolan los venezolanos que salieron a protestar contra el gobierno bolivariano. De ser así no podemos permitir ninguna concesión al respecto.

Que en Venezuela hay problemas no cabe ninguna duda, que hay deficiencias, corrupción y que se atraviesa por una crisis económica es algo que se debe analizar y poner siempre sobre la mesa. En la propia izquierda venezolana y continental hay un permanente debate sobre esta situación, buscando aportar y poder destrabar aquellos nudos que impiden seguir profundizando y avanzado el proceso abierto con el triunfo del Comandante Hugo Chávez.

Pero de ahí a suponer que las manifestaciones callejeras, recién vistas, son el correlato en la calle de las críticas ante esos problemas es un grave error, una inaceptable tergiversación o una falta de información inaceptable en un futuro diputado de izquierda. No cabe duda que las movilizaciones de estos últimos días en Venezuela las ha orquestado la oposición de derecha.

Y todos sabemos que el verdadero objetivo de la oposición venezolana con las protestas de esta semana no es corregir los errores de la Revolución Bolivariana, sino desestabilizarla y, finalmente, derrotarla. Ante ello, la ambigüedad de Boric en este apartado solo tiene como resultado un blindaje gratuito y pernicioso a una oposición que no critica los problemas y deficiencias del modelo, sino que, al contrario, critica los logros que han resultado de él: la pérdida de poder de la burguesía y el imperialismo, y el empoderamiento de los sectores populares. A las críticas de la derecha no se le puede hacer ni una sola concesión y como ellas son hoy las protagonistas del escenario que se desarrolla en Venezuela, debemos cerrar filas junto a todas las fuerzas venezolanas y continentales, -muchas de ellas profundamente críticas ante los errores y deficiencias del proceso-, que hoy apoyan al gobierno bolivariano.

Si a críticas desde la vereda del socialismo, antiimperialismo y latinoamericanismo se refiere, entonces abierto está ese profundo debate de crítica y autocrítica que debe atravesar la izquierda y del cual muchas de las fuerzas bolivarianas son parte, siempre que son posturas que apuntan a un fortalecimiento y profundización del proceso y no a una retira ante las fuerzas opositoras.

Luego de este inicio ambiguo Gabriel Boric señala como segundo punto “Lamento y condeno los asesinatos de estudiantes y un civil, sea quien sea quien haya apretado el gatillo. Sin matices”.

Aquí se pone aún más inconsistente nuestro “marxista”, al colocar en un mismo plano moral la violencia que en todo proceso revolucionario los sectores dominantes oponen al avance de las fuerzas sociales populares, con las medidas y medios necesarios que dichas fuerzas populares oponen a esa violencia reaccionaria.

Aun compartiendo la preocupación sobre la agudización de la violencia política desatada, y lamentando la muerte de jóvenes que muchas veces son convidados a defender intereses ajenos, lo justo sería esperar las investigaciones y clarificación de los hechos, antes de lanzar los dardos. No olvidemos que a los días siguientes del triunfo de Maduro murieron en manos de la oposición 11 chavistas, y que dentro de los asesinatos de estos días había por lo menos un militante del PSUV. La violencia desatada durante todos estos años de gobierno ha venido la mayoría de las veces por parte de los grupos de derecha. ¿Son entonces estas tres muertes lo que debe ponerse en el centro para tomar postura y para matizar nuestro apoyo al gobierno bolivariano?  Creemos que no.

Pero lo más importante tal vez sobre este punto, como segundo aspecto,  es la inferencia como postura generalizada, moral e ideológica que manifiesta sobre la violencia cuando plantea un análisis “sin matices”. Aquí nos saldremos del contexto y nos iremos a las diferencias de fondo que tenemos con las posiciones detrás de las expresiones de Boric.

En una revolución, las fuerzas revolucionarias no tienen sólo el derecho, sino el deber de defender el proceso. La experiencia histórica, incluyendo el golpe militar de 1973 que Boric menciona más adelante en su declaración, muestra que la reacción burguesa e imperialista no tendrá ninguna compasión con las fuerzas populares si estas se dejan derrotar. Organizar la fuerza necesaria para romper la resistencia de la reacción es, por una parte, una necesidad política que permite destrabar el avance del proceso; pero es también una obligación moral para con los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, con las amplias masas populares que deciden apoyarlo.

Toda revolución produce su propia legitimidad y legitima a su vez los medios necesarios para su avance, en la medida que es la expresión de la voluntad de amplias masas trabajadoras y populares. Entre esos medios está el uso de la fuerza, incluso de la violencia armada, en forma proporcional a la resistencia del enemigo.

Si en 1973 la Unidad Popular hubiera tenido la capacidad real de detener el golpe militar y hubiera derrotado esa intentona, ahorrando al país miles de asesinados y desaparecidos, decenas de miles de torturados y exiliados y generaciones completas arrasadas por el capitalismo neoliberal, ¿cabría lamentarse acaso de que hubieran caído algunos sediciosos que combatían por los privilegios de clase de la burguesía y del imperialismo? ¿Podrían ponerse en un mismo plano que aquéllos que hubieran rendido su vida en defensa de los intereses de los trabajadores y del pueblo? La respuesta política y moral es un rotundo no.

El tercer punto de Boric es una crítica a la derecha en Chile: “la derecha chilena es muy doble estándar. Defienden el derecho a protestar, en otro país. Critican la represión del gobierno, en otro país. Se escandalizan por falta de pluralismo en los medios, en otros países”…

Y es cierto,  efectivamente eso es lo que hace la derecha, y además miente. Porque si de concesiones se trata, si de libertad de expresión se trata, en Venezuela hay muchos más mecanismos pese a tener a fuerzas sediciosas activas y hostiles a la institucionalidad dentro. Pero eso no es “doble estándar” compañero, son intereses de clase.

La derecha, al estar en el sitial hegemónico en Chile, no tiene pudor en así asumirlo. Nos empuja a nosotros al debate moral, a los principismos, cuando ellos sin tapujo se pasean desde la democracia a la dictadura, de la violencia al pacificismo sin ningún problema. Porque ellos sí que han entendido los principios de Marx al parecer mejor que muchos de los que se dicen de izquierda.

Finalmente viene su remate “Por último, yo condeno y lamento la violencia sin matices, pero no por eso me sumo al golpismo de Leopoldo Pérez, Machado y Ledezma. Esa historia ya la escribieron aquí y terminó muy mal. Ojalá el pueblo venezolano logre, con autodeterminación y en forma pacífica, salir adelante de esta crisis, fortaleciendo su democracia y recuperando la convivencia entre hermanos”

¡Qué bien que condene los intentos golpistas! No se esperaba menos. Pero como espera usted que se haga frente a dicho plan violento y nefasto que se articula desde la embajada norteamericana. ¿Una convivencia pacífica  con Leopoldo Pérez quien firmó el año 2002 el Acta de Carmona?

El problema no lo resuelve la violencia, eso es claro, por ello es fundamental que se guíen los esfuerzos en base a un plan que debe estar marcado por un importante proceso de mejorías del modelo, haciendo frente a la corrupción y a la crisis económica; apostando por mantener todo el apoyo popular que este proceso a logrado desplegar y avanzando en el paso de las clientelas políticas –que mucho sirven para ganar elecciones pero poco para profundizar y defender procesos- a la militancia político social, y en ello consolidar lo hasta ahora avanzado. Sin embargo, es perentorio poner freno definitivo a la sedición, y a los planes golpistas. En eso, al contrario de lo que usted señala, y como todo marxista en Chile ya debiera haber aprendido, no sirven los pactos de hermandad ni las buenas voluntades.

¿Si acaso la sedición continúa y se desata una guerra civil –lo cual claramente esperamos que no suceda- debemos suponer que en base a los  principismos y buenas voluntades enarboladas por Gabriel habría que tomar palco? Tal como ha  señalado el futuro diputado, hay que preguntarse por qué pasa esto en Venezuela. Si considera que la respuesta está por sobre todo en las gestiones y errores del proceso –y gobierno-, es también entonces de suponer que cree que hay un camino para la izquierda anticapitalista en América Latina que puede evitar los enfrentamientos con las fuerzas más sediciosas de nuestro continente. ¡Que peligrosa sentencia en alguien que busca contribuir en la construcción de un nuevo proyecto revolucionario en Chile!

En momentos históricos como los que se viven en Venezuela, donde se están destrabando los principales nudos de la Historia, donde la victoria de unos es la derrota de otros, es cuando no se permiten en política posiciones ambiguas, o imposturas. Cuando se agudizan las contradicciones o se toma partido con quienes buscan sabotear el proceso y retrotraer la Historia, aun a costa de generar derramamiento de sangre del propio pueblo, o se está con quienes valientemente, con fuerza y con coraje, se oponen a dichos intentos golpistas.

En la historia no se aplican las reglas del Barón de Coubertin. Al menos para la izquierda, hay solo una postura posible.

La Haya: el “mal vecindario” pasa la cuenta

En los próximos días va a conocerse el fallo del Tribunal Internacional de La Haya sobre el diferendo de límites marítimos entre Chile y Perú. Más allá de los pormenores del resultado, este episodio –al que debemos agregar el anuncio de Bolivia de recurrir al mismo tribunal para exigir solución al enclaustramiento marítimo que sufre desde hace más de un siglo– constituye un serio revés de la política exterior chilena.

Desde el retorno de los gobiernos civiles en 1990, la diplomacia chilena se ha caracterizado por un desprecio olímpico por los asuntos de América Latina, a la que, en un gesto de enorme soberbia y prepotencia, se motejaba de “mal vecindario”, mientras en paralelo se calificaba a nuestro propio país de “alumno aplicado” (del consenso de Washington y las recetas neoliberales, se sobreentiende).

Desde 1990, la política exterior chilena ha sido una política de mercachifles y tenderos que salen a buscar mercados para sus uvas, manzanas y berries. Por lejos, la principal preocupación de la diplomacia chilena la constituyó la búsqueda de acuerdos comerciales que abrieran los mercados de ultramar para los bienes primarios que forman nuestra canasta exportadora. En la medida que los principales objetivos eran EEUU, la Unión Europea y los mercados asiáticos, la prioridad comercial resultó en una muy baja prioridad diplomática para América Latina.

Como contrapartida, una de las principales señales políticas de Chile hacia América Latina ha sido su desorbitado gasto militar, el tercero de Sudamérica tras Brasil y Colombia.

A este cóctel de soberbia, desinterés hacia la región y lo que es percibido como una carrera armamentista, se agrega además el desprecio hacia demandas políticas de los países fronterizos, ante las cuales nuestro país se ha refugiado en una postura puramente jurídica, eludiendo los debates de fondo.

Esta actitud de la diplomacia chilena no es el fruto de tales o cuales características personales de quienes han estado a cargo de las relaciones exteriores con América Latina. La política exterior chilena es la prolongación en el espacio internacional de los objetivos políticos internos del bloque dominante, que a su vez están determinados por el patrón de acumulación capitalista primario-exportador instaurado por la dictadura y profundizado por los gobiernos civiles.

Durante la dictadura esta política exterior no tuvo ocasión de manifestarse, pues las prioridades de los cancilleres de la tiranía estaban en enfrentar el aislamiento internacional del régimen pinochetista. Al asumir los gobiernos civiles de la Concertación, despejada la variable de estabilidad y legitimidad institucional del gobierno chileno del escenario internacional, comenzó a aplicarse la política centrada en abrir mercados y atraer inversión extranjera, acompaña de las muestras de soberbia y prepotencia mencionadas, que corrían en paralelo al sometimiento a los dictados de los centros financieros internacionales.

La participación reciente de Chile en espacios de integración regional, como UNASUR o el CELAC, es muy insuficiente, porque carece de convicción profunda; ha estado marcada más por la necesidad de hacer frente y plantear alternativas al “populismo” –los proyectos políticos antiimperialistas del subcontinente– que por objetivos de largo plazo.

El Perú, que desde mediados de los años 90 empezó un proceso acelerado de asimilación de las recetas neoliberales, ya a mediados de la década pasada alcanzó tasas de crecimiento que superaron a las de Chile. Se transformó en competidor directo de nuestro país como exportador y como plataforma para atraer inversión extranjera. Una cuota importante de dichas inversiones corresponde a empresas chilenas, como LAN o Falabella, que han sido atraídas por el dinamismo de la economía peruana. Es en este contexto que la burguesía del Perú ha venido desarrollando una activa política exterior.

Por lo tanto, la demanda peruana no está motivada por el revanchismo ni el resentimiento, como caricaturiza la prensa chilena, sino por intereses políticos y económicos que se unen con y resignifican los recuerdos de la Guerra del Salitre. Es parte de la competencia económica entre las burguesías chilena y peruana por atraer el favor del capital transnacional.

Una política de integración regional soberana sólo puede nacer de un modelo de desarrollo y de fuerzas sociales distintas a las que hoy dominan en el país. Es necesario dejar atrás el capitalismo neoliberal y retomar la senda de soberanía nacional interrumpida en 1973, comenzando con la recuperación de los recursos naturales y los sectores económicos estratégicos, con el protagonismo de los trabajadores y los pueblos de Chile.

Se trata en definitiva de pasar del enfrentamiento entre pueblos hermanos al enfrentamiento conjunto con el verdadero enemigo, el imperialismo y sus aliados, las burguesías locales. En ese camino, los pueblos de Chile y Perú marcharemos unidos.

El pueblo te llama Michelle

En las elecciones presidenciales de 1946, Pablo Neruda dedicó unos versos al candidato radical Gabriel González Videla, apoyado por el Partido Comunista: “Desde la arena hasta la altura,/desde el salitre a la espesura,/el pueblo te llama Gabriel,/con sencillez y con dulzura/como a un hermano, hermano fiel”.

El resto de la historia es conocido. Con el inicio de la Guerra Fría, González Videla se alineó con Washington e ilegalizó al PC. La política de alianzas con la burguesía “democrática”, levantada por el PC desde los años 30, se reveló como una ilusión y terminó en un completo fracaso.

Aunque no es probable un desenlace tan catastrófico, las mismas ilusiones se repiten hoy con el apoyo del PC a Michelle Bachelet y su decisión de entrar a formar parte del gobierno de la Nueva Mayoría (la antigua Concertación más el PC). En el pleno del Comité Central realizado el 21 de diciembre pasado, el PC fija su postura partiendo de varios supuestos falsos.

El primero de estos supuestos es que el programa de Bachelet “propone una transformación estructural del país, actuando sobre tres ejes principales: Nueva Constitución, Reforma Educacional y Reforma Tributaria”. Cualquier examen del programa revela que éste deja intocados pilares fundamentales del capitalismo neoliberal instaurado por la dictadura y profundizado por los gobiernos de la Concertación. Los cambios que se plantean no proponen terminar con el modelo, sino, como reconoció Ricardo Solari al diario español “El País” el 1° de Diciembre pasado, salvarlo: “lo único que pone en riesgo el modelo chileno es no hacer cambios”.

En primer lugar, el programa no propone cambios en aspectos como la legislación minera (ni menos revertir el 70% de privatización del cobre), las ISAPRES, las AFP y su régimen de capitalización individual ni el código del trabajo (Fundación Sol ha calificado las medidas laborales del programa de Bachelet como “tibias”).

En segundo lugar, en las áreas en que el programa sí plantea cambios, éstos vienen con letra chica. La Reforma Tributaria se acompaña de una reducción de los impuestos a los más ricos desde el 40% al 35%: con la “reforma” de Bachelet, Andrónico Luksic pagará menos impuestos.

En la Reforma Educacional, se busca legitimar las posiciones que ha conseguido la educación privada por el medio espúreo de declararlas “de interés público”, siguiendo un engendro conceptual denominado “régimen de lo público”, pergeñado por ideólogos concertacionistas como Alfredo Joignant, inspirado en las políticas del neolaborismo de Tony Blair para privatizar servicios sociales británicos.

En materia constitucional, la redacción de la nueva constitución quedará en manos del parlamento binominal, condimentada con “consultas” a los actores sociales que no son ni vinculantes ni resolutivas, un escenario similar al que fue en su momento la Comisión Asesora Presidencial por la Educación, creada por Bachelet para desmovilizar la rebelión de los pingüinos y terminar pactando la LGE con la Alianza.

Ése es el programa que el PC ha hecho suyo y al que jura lealtad política: el programa de la burguesía “progresista” para reconstituir la gobernabilidad del capitalismo neoliberal.

El segundo y decisivo supuesto del PC se deduce de lo siguiente: “debe quedar claro que no surge del programa un cuestionamiento del capitalismo como sistema. No se visualiza la contradicción Capital – Trabajo como la generadora principal del conflicto social”.  No es el momento de poner en el centro la contradicción capital-trabajo y por lo tanto hay que subordinarse a la “burguesía democrática”.

La del PC es la posición clásica del menchevismo: en una revolución democrática, el partido obrero debe subordinarse a la burguesía. El Lenin de “Dos tácticas” y el Marx de “Mensaje del Comité Central a la Liga de los comunistas” proponían algo diametralmente opuesto: en una revolución democrática, el proletariado debe ir mucho más allá del programa que está dispuesto a respaldar la “burguesía democrática” y debe mantener una orientación política independiente.

Es lo mismo que dice la experiencia latinoamericana reciente: la Revolución Bolivariana del Comandante Chávez pudo avanzar porque desde el principio rompió con el COPEI y Acción Democrática, el socialcristianismo y la socialdemocracia venezolanos, avanzando con su propio programa de reformas democráticas radicales de horizonte emancipatorio.

Allí donde del PC plantea subordinación, la izquierda anticapitalista debe plantear la independencia del movimiento social. Allí donde aquél se limita al programa de la burguesía “progre”, la izquierda anticapitalista debe levantar las demandas más avanzadas del movimiento social, aquéllas que rompen efectivamente con los pilares del capitalismo neoliberal: Asamblea Constituyente, renacionalización del cobre, fin de las AFP, educación y salud gratuitas y otras medidas realmente de fondo, que deben volver a sonar fuerte en las calles desde marzo.


Iván Vitta