Las elecciones de rector en la U. de Chile y los desafíos de las fuerzas de cambio

Comparto con ustedes esta muy buena columna del compañero Fernando Encina, delegado de postgrado de la FECH, sobre las elecciones de rector de la Universidad de Chile.

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El escenario de movilización social abierto durante los últimos años en Chile, aquel que hubo de gestarse durante la primera década del milenio y que comienza definitivamente a nacer con la potencia de las calles en el 2011, dio inicio y lugar a importantes discusiones al interior de las fuerzas políticas de la izquierda transformadora. El programa antineoliberal construido al calor de las más importantes movilizaciones de las últimas décadas, ha puesto a las fuerzas de cambio en una importante situación de proyección política, trayendo consigo mayores responsabilidades y la necesidad imperiosa de aprender aceleradamente a abrir camino, ya no sólo en el plano de las palabras sino que en el de la realidad misma.

Esta necesidad se ha hecho mucho más palpable a propósito de los últimos procesos de disputa electoral librados tanto hacia los órganos de Estado, como en el seno de los espacios organizativos autónomos de la sociedad civil. Luego de varios aprendizajes, hoy nuevamente los sectores que promovemos cambios estructurales para el sistema educacional y la sociedad en su conjunto deberemos enfrentar un proceso político-electoral de gran importancia, sobre el cual resulta ineludible debatir y desarrollar proyecciones: se trata de las elecciones de Rector y autoridades universitarias a realizarse durante el mes de mayo en la Universidad de Chile, institución cuya gravitación social y política en la sociedad chilena constituye un hecho indiscutido, dado su lugar histórico en el despliegue de los procesos sociales emancipadores, así como en su capacidad contingente de marcar pauta y posiciones en lo que respecta a la política de Estado, hoy particularmente tensionada.

Los contenidos de nuestra apuesta se presentan ya suficientemente esclarecidos. La construcción de un gobierno triestamental y democratizado en todos sus niveles, que impulse transformaciones profundas en el sistema de acceso a la educación superior, en las definiciones y orientaciones para la producción y extensión del conocimiento, y que instituya condiciones laborales dignas para los trabajadores académicos y no académicos del espacio universitario, son objetivos posibles de alcanzar en la medida que éstos primen a la hora de organizar a las fuerzas transformadoras para hacer frente y lograr los mayores pasos de avance en este momento político.

Ahora bien, lo que otorga mayor relevancia a la coyuntura política y electoral de la Casa de Bello se ubica por sobre todo en el plano de la disputa por el contenido de la reforma educacional impulsada inicialmente por los movimientos sociales y hoy tramitada de diversas maneras y con distintas intensiones por los sectores políticos del statu quo, con énfasis en el gobierno entrante de la Nueva Mayoría. El carácter difuso de su programa educacional y la ausencia de un diseño para el inicio de su implementación es probablemente la primera escena de un camino que ha de abrir álgidos procesos de conflicto a los cuales las fuerzas transformadoras hemos de llegar con las más robustas y pulidas herramientas.

Resulta fundamental contar con una voz clara y rotunda, investida por la potencia histórica de la Universidad de Chile y que incida con fuerza en los escenarios venideros. Una que ingrese al campo de disputa proponiendo claridades profundas sobre la apuesta de transformaciones estructurales masivamente anheladas e impulsadas, y que haga frente a los engañosos planteamientos que hoy entran a escena de la mano del nuevo gobierno con su torcida propuesta relativa al estatuto de “lo público”[1]. Nuestra voz ha de sostener y profundizar la caracterización que el movimiento estudiantil ha comenzado a plantear en el debate, a saber, que el rol del Estado no es el de sostener el financiamiento a los proyectos educativos privados, sino el de fortalecer y extender un sistema de educación estatal, gratuito, universal  y de calidad en todos sus niveles, cuyo financiamiento debe estar contemplado en el presupuesto de la nación para cubrir sus requerimientos a través de fondos de libre disposición, es decir, a ser administrados autónomamente por las comunidades de las instituciones estatales receptoras.

A todas luces, el momento político resuena con altas exigencias para la izquierda transformadora, y en la Universidad de Chile deberemos estar a la altura de las circunstancias. Actualmente el proceso electoral cuenta con dos candidaturas a Rector que coinciden en la defensa de los aspectos programáticos aquí explicitados y que se posicionan a favor de los intereses y demandas levantadas por los movimientos sociales. Se trata de los profesores Ennio Vivaldi y Gonzalo Díaz, ambos importantes figuras políticas y académicas del espacio universitario, que cuentan con grandes aptitudes para encabezar un esfuerzo colectivo y unitario con reales posibilidades de disputa electoral. Nuestra tarea: concitar la unidad de los agrupamientos que cada precandidatura ha construido y levantar desde allí un programa y una candidatura única, mancomunando esfuerzos que hoy corren el peligro de verse enfrentados y compitiendo por la adhesión electoral académica, reeditando la dinámica de dispersión e impotencia que últimamente ha caracterizado los esfuerzos de la izquierda y echado por tierra la posibilidad de posicionar una alternativa que facilite los procesos de lucha social y política durante los próximos años. Una participación disgregada en esta coyuntura pudiese además significar el ascenso al gobierno universitario de fuerzas realmente perjudiciales, tanto para los procesos internos de la institución como ante los posicionamientos públicos que durante los próximos cuatro años determinarán en gran medida los esperados avances o potenciales retrocesos de las fuerzas sociales transformadoras.

Nuestra claridad ha de estar en anteponer los objetivos políticos comunes y actualmente alcanzables a cualquier otro criterio ordenador del proceso de disputa político y electoral en curso. Hasta ahora los espacios de elaboración programática y el levantamiento general de las campañas de las candidaturas en cuestión han transitado por distintos y distantes caminos, situación que disminuye cada día las posibilidades reales de convergencia. Tenemos poco tiempo para resolver esta delicada situación, por lo que sentarnos a dialogar, levantar juntos un único y definitorio proceso de construcción programática y, paralelamente, acordar la mejor forma mediante la cual se ha de resolver la candidatura única y definitiva del sector, son tareas urgentes y para las cuales se requiere el concurso de los esfuerzos de la mayor cantidad de actores de la comunidad universitaria.

El gabinete gatopardista de Bachelet

Iván Vitta

La designación del gabinete de Bachelet y de los próximos intendentes generó todo tipo de controversias, centradas en los problemas de probidad y conflictos de interés de los designados. Menos atención se puso en la orientación política que estas designaciones representan en términos de proyecto, fuerzas políticas y fuerzas sociales de apoyo.

En primer lugar, el proyecto que traslucen las designaciones es claramente social-liberal, la variante “progresista” del neoliberalismo. Ello se expresa con nitidez en los nombramientos en los ministerios sectoriales, en especial en aquél que está hoy día en el centro de las demandas político-sociales, Educación. Nicolás Eyzaguirre es un tecnócrata neoliberal que fue director del FMI, instrumento mundial del sometimiento de las economías periféricas a los dictados del Consenso de Washington.

La designación de Claudia Peirano como Subsecretaria de la cartera, quien finalmente renunció, no fue, como se ha indicado, un “error”. Por el contrario, expresaba la voluntad de Bachelet de poner a connotados agentes políticos del modelo educacional mercantil a controlar y darles forma a los cambios que se busca introducir en educación.

Los nombramientos de Eyzaguirre y Peirano fueron una señal política clara de continuismo orientada hacia la extensa burguesía educacional que se ha formado en los últimos treinta años al calor del modelo mercantil.

Las políticas educativas de la Concertación tuvieron como objetivo, durante veinte años, desarrollar el capitalismo educacional, inyectándole cuantiosos fondos públicos por decenas de miles de millones de dólares y desarrollándole un mercado por el expediente de abandonar la educación pública a la suerte de los municipios que la sostenían, en el caso de primaria y secundaria, o del autofinanciamiento, en la educación superior. El debilitamiento de la educación pública no fue un efecto colateral no deseado; por el contrario, era una condición necesaria para el desarrollo de dicho capitalismo educacional.

A esa burguesía, representada a nivel político, dentro de la Nueva Mayoría, principalmente por la Democracia Cristiana, estuvieron orientados los nombramientos, garantizando que ningún cambio afectará sus intereses. Es por ello que Bachelet, a pesar de la reticencia de la propia Claudia Peirano, que le advirtió de su situación personal, insistió en el nombramiento.

Estas señales en el sector educación se repitieron en todo el gabinete, al que se incorporaron cuadros provenientes de grandes empresas mineras, energéticas y de otros sectores económicos. El mensaje político es claro: la Nueva Mayoría sigue alineada con los intereses económicos del gran empresariado nacional y transnacional.

En segundo término, el gabinete refleja el intento de Bachelet de consolidar su poder personal rodeándose de un grupo de personeros –con pocas excepciones– de bajo perfil partidario y alta cercanía y lealtad personal con ella, consolidando al “bacheletismo” como partido transversal de la Nueva Mayoría y alejándose claramente de los liderazgos concertacionistas tradicionales, apoyada en una camada más reciente de cuadros concertacionistas, de un perfil más técnico y desideologizado. Con un amplio capital político, Bachelet apuesta por una mayor autonomía política respecto de los partidos de la NM, estableciendo un nuevo equilibrio con ellos, en el que será ella quien intentará llevar las riendas para darle credibilidad y coherencia a sus reformas.

En tercer lugar, los nombramientos muestran que no todos los partidos de la NM tienen el mismo peso político en el nuevo gobierno. La DC, el PS y el PPD continuarán siendo el eje político. Los partidos menores (PC, MAS, IC y PRSD) tendrán una presencia muy menguada en el gabinete y estarán ausentes de las intendencias. En la práctica, se ha reafirmado el carácter de la NM, siguiendo los deseos de la DC, como coalición programática y no una de carácter político. Por lo tanto, la Concertación sigue operando como alianza política de facto.

El rol secundario del resto de las fuerzas de la NM –la mesa del pellejo– quedó de manifiesto cuando DC, PS y PPD salieron a pedir explicaciones al PC por las críticas de sus diputados a las designaciones, obligando a Teillier a desautorizar a sus militantes.

En conclusión, tanto el proyecto como las fuerzas de apoyo del próximo gobierno, expresados en las designaciones, apuntan a una mezcla de continuidad de las políticas neoliberales junto con cambios acotados y dentro de la lógica del mismo modelo, no en ruptura con él, los que en ningún caso alterarán la esencia del capitalismo neoliberal. Los cambios de Bachelet no estarán a la altura de las necesidades de los trabajadores y el pueblo de Chile.

El desafío para las fuerzas populares será por tanto doblarle la mano al gatopardismo bacheletista y abrirle paso a transformaciones radicales del modelo por medio de la lucha.